"No toleramos la narco-política en el hemisferio y nadie está exento". La frase corresponde a un duro comunicado que fue emitido por la embajada de los Estados Unidos en La Paz, Bolivia, del pasado 15 de septiembre. Esa delegación está encabezada desde hace pocas semanas por la Encargada de Negocios Amanda Porter, quien junto a un numeroso equipo están recomponiendo los vínculos entre ambos países tras 17 años de distanciamiento.
Fue Evo Morales -durante su presidencia- quien expulsó a los diplomáticos norteamericanos para acercarse a Cuba, Irán, Venezuela, Rusia y China. Múltiples fuentes aseguran que esta ruptura no fue únicamente por cuestiones ideológicas, sino que además sirvió para facilitar la expansión del narcotráfico en la región.
Este lunes, el Departamento de Estado conducido por Marco Rubio dispuso sanciones a funcionarios, fiscales, jueces y empresarios de Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. Entre los nombres más importantes de la lista figura el fiscal general boliviano Roger Rider Mariaca Montenegro. Fue nombrado en octubre de 2024 por una asamblea mayoritaria del Movimiento al Socialismo (MAS) que entonces repartía sus lealtades entre Evo y Luis Arce, presidente de Bolivia. Tiene mandato, de no mediar acción, hasta 2030.
Mariaca no es nuevo en la materia. Tiene una larga experiencia. Fue durante años fiscal en Santa Cruz de la Sierra. Construyó, según fuentes, todo tipo de vínculos. Algunos más fluidos que otros.
Fue en aquella ciudad, en el barrio Las Palmas, donde se refugió durante años el narco uruguayo Sebastián Marset, detenido en marzo pasado por autoridades bolivianas con asistencia de la DEA, la agencia antinarcóticos norteamericana. Marset fue subido a un avión y trasladado de inmediato a los Estados Unidos. Mariaca ya no era fiscal allí. Cosas del azar y la cronología.
En el comunicado donde se anuncia la revocación de visas a decenas de funcionarios de otros países de la región, la Casa Blanca dedica dos párrafos explícitos al fiscal general boliviano:
"El Departamento de Estado también está designando públicamente al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, por su participación en actos de corrupción significativa. Esta medida hace que Mariaca y los miembros de su familia inmediata sean, en general, inelegibles para ingresar en Estados Unidos".
"Mariaca, elegido en 2024 para un término de seis años como fiscal general durante el gobierno del presidente de extrema izquierda Luis Arce, y quien anteriormente se desempeñó como fiscal general de Santa Cruz, abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al mismo tiempo que socavan las propias instituciones democráticas que Bolivia, que como participante del Escudo, trabaja para fortalecer. El mensaje del presidente Trump y del secretario Rubio es sencillo: los funcionarios corruptos, y los criminales a quienes protegen, no son bienvenidos en Estados Unidos".
Las sospechas indican, además, dos particularidades concretas: que Mariaca habría dado protección a Marset -entre otros- y que el narco uruguayo habría comenzado a colaborar con la justicia del norte. ¿Habrá más nombres? Nervios en otras dependencias bolivianas.
Ayer, Mariaca intentó defenderse de las acusaciones. Blandió el argumento de "injerencia" y de "interferencia". El gobierno de Rodrigo Paz, en tanto, dijo que los acusados deberán comparecer ante la Justicia, sistema del cual Mariaca es pieza clave. El anuncio fue hecho por los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano y de Gobierno, Marco Oviedo.
La lista boliviana de sancionados la componen: Martín Daniel Irusta Flores, Fiscal Superior; Albania Chane Caballero Saavedra, jueza de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer Primera del Departamento de Santa Cruz; Alberto Zeballos Flores, fiscal Departamental de Santa Cruz; Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción en lo Penal en el Departamento de Santa Cruz; Iván Manolo Lima Magne, ex ministro de Justicia y Transparencia Institucional; Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, fiscal Superior y ex Fiscal Departamental de Chuquisaca; Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado Constitucional; Alberto Samuel Soto de la Vía, ex presidente ejecutivo interino de la Aduana Nacional; Iván Ramiro Campero Villalba, ex magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia; Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia; Frans William Cabrera Quispe, coronel, Policía Boliviana; José Luis Iriarte Cussi, empresario.
¿Cómo resolverá el presidente Paz esta encrucijada para sanear el Poder Judicial de Bolivia?
En su comunicado del 15 de septiembre, el Departamento de Estado había sido claro en su advertencia: "Estados Unidos usará todas las herramientas a su alcance para encontrar y desenmascarar a todos que abusen de sus puestos -incluyendo legisladores, fiscales, jueces, y cualquier otro funcionario- para facilitar la corrupción gubernamental y el narcotráfico". Ahora resta que los resortes institucionales bolivianos comiencen a actuar. Porque el reloj corre.
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